Hoy en día existe una red mundial en la sombra pero extraordinariamente organizada de fabricantes de armas, agentes de compra, intermediarios, transportistas, bancos aquiescentes y aerolíneas de transporte delictivas dispuestas a evadir las sanciones.
Debido a la forma en que se cargan y descargan las mercancías transportadas en contenedores, la tarea de vigilar las ventas ilegales es aún más difícil que antes; y la venta de cientos, si no de miles, de aviones de transporte Antonov rusos desde 1991 ha dado a los contrabandistas mucha más flexibilidad. No son bombarderos B-52, pero resultan extremadamente útiles cuando uno necesita enviar paquetes de munición para ametralladoras y proyectiles de mortero de Zimbabue a Sudán.
Todo este tráfico discurre paralelamente al denominado comercio legal de armas, es decir, la compraventa de sistemas armamentísticos aprobada por los propios Gobiernos, muchos de los cuales conceden favores especiales a este sector de la industria, prestan su apoyo a prestigiosas exhibiciones aéreas (París, Farnborough) y ferias de armas, y envían ministros al extranjero para que fomenten las ventas.
El problema a este respecto es que algunos Gobiernos son mucho más estrictos que otros en los controles de exportaciones, la concesión de licencias y el cumplimiento de las sanciones del Consejo de Seguridad. Para ciertos regímenes (Egipto, Rusia), las exportaciones de armas se han convertido en una fuente vital para obtener divisas fuertes; para otros (China, Israel), es un sistema para comprar influencias en el extranjero.
Por último, en este ámbito, la comunidad mundial carece de tratados internacionales y estructuras de vigilancia similares a los creados para las armas nucleares a través del Tratado de No Proliferación y de los inspectores del OIEA. Por supuesto, existen resoluciones de Naciones Unidas acerca de la supresión de las minas terrestres (que el Gobierno estadounidense no ha firmado). Y, a menudo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impone sanciones concretas contra el comercio de armas en países destruidos por la guerra, como Liberia y Sierra Leona, pero son episódicas y, como ya hemos explicado, fáciles de evadir. Cuando los envíos ilícitos de armas se pagan con diamantes ilegales, a las autoridades no les resulta fácil rastrear a los experimentados intermediarios.
La comunidad internacional sólo está adoptando medidas de forma paulatina para lidiar con esta amenaza. Se ha creado un Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense, diversos Gobiernos nórdicos y varios grupos de estudio, algunos centros universitarios canadienses, muchas iglesias y ONG como Amnistía Internacional están recabando pruebas. Interpol, la CIA y diversos organismos de información secreta siguen su propia senda, porque el comercio de armas ilegal es una fuente de ingresos para los terroristas internacionales.
Y las diversas propuestas de Kofi Annan para que una ONU reformada se centre en la "seguridad humana" incluyen, como debe ser, llamamientos a los Estados miembros para que acaben con ese tráfico infame. Lo cual deja el problema en manos de los líderes políticos de aquellos países preocupados por el tema y que entienden lo importante que es destruir esta red tenebrosa, no sólo por razones morales, sino también por su impacto corrosivo en la sociedad civil de África, Asia, Oriente Próximo y otros lugares.
Debido a la forma en que se cargan y descargan las mercancías transportadas en contenedores, la tarea de vigilar las ventas ilegales es aún más difícil que antes; y la venta de cientos, si no de miles, de aviones de transporte Antonov rusos desde 1991 ha dado a los contrabandistas mucha más flexibilidad. No son bombarderos B-52, pero resultan extremadamente útiles cuando uno necesita enviar paquetes de munición para ametralladoras y proyectiles de mortero de Zimbabue a Sudán.
Todo este tráfico discurre paralelamente al denominado comercio legal de armas, es decir, la compraventa de sistemas armamentísticos aprobada por los propios Gobiernos, muchos de los cuales conceden favores especiales a este sector de la industria, prestan su apoyo a prestigiosas exhibiciones aéreas (París, Farnborough) y ferias de armas, y envían ministros al extranjero para que fomenten las ventas.
El problema a este respecto es que algunos Gobiernos son mucho más estrictos que otros en los controles de exportaciones, la concesión de licencias y el cumplimiento de las sanciones del Consejo de Seguridad. Para ciertos regímenes (Egipto, Rusia), las exportaciones de armas se han convertido en una fuente vital para obtener divisas fuertes; para otros (China, Israel), es un sistema para comprar influencias en el extranjero.
Por último, en este ámbito, la comunidad mundial carece de tratados internacionales y estructuras de vigilancia similares a los creados para las armas nucleares a través del Tratado de No Proliferación y de los inspectores del OIEA. Por supuesto, existen resoluciones de Naciones Unidas acerca de la supresión de las minas terrestres (que el Gobierno estadounidense no ha firmado). Y, a menudo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impone sanciones concretas contra el comercio de armas en países destruidos por la guerra, como Liberia y Sierra Leona, pero son episódicas y, como ya hemos explicado, fáciles de evadir. Cuando los envíos ilícitos de armas se pagan con diamantes ilegales, a las autoridades no les resulta fácil rastrear a los experimentados intermediarios.
La comunidad internacional sólo está adoptando medidas de forma paulatina para lidiar con esta amenaza. Se ha creado un Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense, diversos Gobiernos nórdicos y varios grupos de estudio, algunos centros universitarios canadienses, muchas iglesias y ONG como Amnistía Internacional están recabando pruebas. Interpol, la CIA y diversos organismos de información secreta siguen su propia senda, porque el comercio de armas ilegal es una fuente de ingresos para los terroristas internacionales.
Y las diversas propuestas de Kofi Annan para que una ONU reformada se centre en la "seguridad humana" incluyen, como debe ser, llamamientos a los Estados miembros para que acaben con ese tráfico infame. Lo cual deja el problema en manos de los líderes políticos de aquellos países preocupados por el tema y que entienden lo importante que es destruir esta red tenebrosa, no sólo por razones morales, sino también por su impacto corrosivo en la sociedad civil de África, Asia, Oriente Próximo y otros lugares.
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